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Corte Suprema rechaza recurso de casación en contra de sentencia que rechazó demanda de impugnación y reclamación de paternidad

15 de abril de 2022

La procedencia del instituto de la posesión notoria del estado civil de hijo requiere del cumplimiento de los requisitos legales y su debida acreditación en el juicio en el que se reclama una supuesta paternidad, toda vez que la ley exige probar la posesión notoria con un conjunto de testimonios, antecedentes o circunstancias fidedignos que la establezcan de un modo irrefragable.

Recientemente la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por la demandante en contra de la sentencia de alzada que, confirmando la de primera instancia, rechaza la demanda de impugnación y reclamación de paternidad contra los demandados, puesto que no existen errores de derecho que influyan de manera sustancial en lo dispositivo del fallo, debiendo mantenerse lo decidido por los jueces del fondo.

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Verano
Colección: Jurisprudencia
Cita: ROL:9607-11, MJJ31252
Compendia: Microjuris

VOCES: – IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD – INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD O MATERNIDAD – ESTADO CIVIL – PONDERACIÓN DE LA PRUEBA – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO –

La procedencia del instituto de la posesión notoria del estado civil de hijo requiere del cumplimiento de los requisitos legales y su debida acreditación en el juicio en el que se reclama una supuesta paternidad, toda vez que la ley exige probar la posesión notoria con un conjunto de testimonios, antecedentes o circunstancias fidedignos que la establezcan de un modo irrefragable.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por la demandante en contra de la sentencia de alzada que, confirmando la de primera instancia, rechaza la demanda de impugnación y reclamación de paternidad contra los demandados, puesto que no existen errores de derecho que influyan de manera sustancial en lo dispositivo del fallo, debiendo mantenerse lo decidido por los jueces del fondo.

2.- En el caso en cuestión, apreciando la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, los jueces de la instancia han dado por establecidos los hechos referidos la sentencia y han concluido que no han resultado acreditados los elementos de la posesión notoria del estado civil de hijo de los menores que se invocó en autos. A la luz de lo expuesto, y efectuado el análisis que un recurso como el intentado demanda, aparece que las alegaciones vertidas por la recurrente no satisfacen el estándar propuesto en atención a que al pretender la alteración de los hechos determinados en la causa, denunciando la conculcación de las leyes reguladoras de la prueba llamadas a regir en la materia, no demuestra los yerros denunciados, pues omite señalar la forma en que se han desatendido las normas científicas, técnicas, simplemente lógicas o de la experiencia que la sana crítica ordena respetar, constituyendo más bien los argumentos que esgrime una discrepancia con el proceso valorativo de los medios de convicción y con las conclusiones que, como consecuencia de dicho ejercicio, han extraído los jueces del fondo, al no ser afines a la posición que ha detentado en el juicio.

3.- La exposición de motivos detallada precedentemente, como se ha dicho, no resulta admisible, pues deja en evidencia que el propósito final de la recurrente es promover que se lleve a cabo por la Corte una nueva valoración de las probanzas, distinta de la ya efectuada por los jueces del mérito, actividad que resulta extraña a los fines de la casación en el fondo en los términos propuestos.

4.- Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar, además, que la ley ha contemplado como elemento de prueba suficiente para acreditar la filiación en juicio la posesión notoria del estado de hijo, disponiendo al efecto el artículo 200 inciso 2° del Código Civil que consiste en que el padre, madre o ambos le hayan tratado como hijo, proveyendo a su educación y establecimiento de un modo competente, y presentándolo en ese carácter a sus deudos y amigos; y que éstos y el vecindario de su domicilio, en general, le hayan reputado y reconocido como tal; concepto del cual derivan los elementos básicos de dicho instituto, esto es, nombre, trato y fama. Por su parte el inciso primero de la citada norma prescribe que la posesión notoria de la calidad de hijo debe haber durado a lo menos cinco años continuos y que los hechos que la constituyen deben probarse por un conjunto de testimonios y antecedentes o circunstancias fidedignas que la establezcan de un modo irrefragable.

5.- La procedencia del instituto de la posesión notoria del estado civil de hijo requiere del cumplimiento de los requisitos legales y su debida acreditación en el juicio en el que se reclama una supuesta paternidad, toda vez que la ley exige probar la posesión notoria con un conjunto de testimonios, antecedentes o circunstancias fidedignos que la establezcan de un modo irrefragable. Tales exigencias plantean la interrogante acerca de la posibilidad que la posesión en cuestión sea justificada únicamente con el mérito de la prueba testimonial rendida, situación que debe responderse negativamente de acuerdo al tenor literal del artículo 200 del Código Civil, que expresamente alude a estos elementos, es decir, requiere más de una sola prueba y esto para salvaguardar la armonía y no vulnerar ni contrariar lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 198 del Código del ramo, que prescribe la insuficiencia de la prueba testimonial por sí sola para establecer la paternidad o maternidad disputada.

6.- En el caso sub-lite la posesión notoria del estado civil de los menores ha pretendido ser demostrada sobre la base de la prueba testimonial rendida, sin que existan otros antecedentes que con su mérito aporten elementos que permitan tener por configurado dicho medio probatorio y, por ende, la filiación que se pretende, desconociendo la prohibición que en este sentido establece la ley en el citado artículo 198 del Código Civil. En efecto, el resto de la prueba rendida consistente en certificados de nacimientos, declaraciones juradas y fotografías, no aportan en este sentido a la configuración de tal posesión, pues no dan cuenta de los presupuestos fácticos de ese instituto aludidos en el inciso segundo del artículo 200 del Código Civil.Fallo:

Santiago, 29 de febrero de 2012.

Vistos:

En autos Rit C-1289-2010, Ruc N°1020257090-4 del Juzgado de Familia de Concepción, caratulados «Rocha con Palma», por sentencia de primera instancia de ocho de junio de dos mil once se rechazó la demanda de impugnación de paternidad deducida por doña M. L. F. C., en representación de G. M. R. E., en contra de don E. A. P. C. y la de reclamación de paternidad interpuesta por la misma demandante en contra de don K. E. D. D., respecto de los menores M. E. y P. B. A., ambos de apellidos P. R.

Se alzó la parte demandante y la Corte de Apelaciones de Concepción, por sentencia de seis de septiembre de dos mil once, escrita a fojas 21, confirmó el fallo en alzada.

En contra de dicha decisión la parte demandante dedujo recurso de casación en el fondo que pasa a analizarse.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que la recurrente denuncia en primer término la infracción del artículo 32 de la ley N°19.968, alegando contravención a las normas de la sana crítica, falta a la lógica y la experiencia en el establecimiento de las conclusiones en el fallo impugnado.

Señala que pese a haberse acreditado los hechos en que se funda la reclamación de paternidad, es decir, las condiciones de nombre, trato y fama que exige la ley para la configuración de la posesión notoria del estado civil que invoca respecto de los menores, con diferentes pruebas, como la testimonial, confesional, certificados y fotografías, los sentenciadores han resuelto desconociendo el mérito de tales antecedentes.

En un segundo capítulo invoca la vulneración del artículo 201 en relación al 202 , ambos del Código Civil, al desconocerse que se configuran los presupuestos de la posesión notoria de la calidad de hijos de los menores de autos respecto del demandado Sr. D.

y no reconocerse la supremacía que la ley otorga a esta prueba por sobre las pericias biológicas.

Alega, además, que la decisión de los jueces del fondo es contraria al interés superior de los menores, puesto que precisamente la acción ejercida pretende esclarecer su situación legal y que ésta coincida con el trato social que los niños detentan como hijos de la persona cuya paternidad se reclama.

Finalmente, solicita que se anule la sentencia recurrida y se dicte sentencia de reemplazo que acoja las acciones de impugnación y reclamación de paternidad ejercidas y, en consecuencia, se declare que los menores son hijos de K. E. D. D.

Segundo: Que en el fallo impugnado se establecieron como hechos, en lo pertinente, los siguientes:

1) doña G. M. R. E. dejó el hogar conyugal que compartía con el demandado, E. P. C., en abril de 2003 y se fue a vivir con el demandado K. D. D., llevando a este nuevo hogar a los hijos que había tenido con el primero de los nombrados, de entonces cinco y dos años de edad;

2) desde abril de 2003 el demandado Sr. D. D. ha cuidado de los menores M. y P., quienes pasaron a integrar una nueva familia con su madre y el demandado y los hijos comunes de éstos, quienes son sus hermanos;

3) la pericia de ADN practicada en autos a las partes concluye que el padre biológico de los menores es el demandado E. P. C.

Tercero: Que sobre la base de los hechos antes anotados los jueces del fondo resolvieron rechazar la acciones intentadas, por estimar que el solo mérito de la prueba testimonial rendida es insuficiente para tener por demostrada la posesión notoria de la calidad de hijos de los menores respecto del demandado D. D. y desplazar así los resultados de la pericia biológica de ADN practicada que concluye lo contrario.

Asimismo, consideran que el conflicto de intereses que se plantea a propósito de la paternidad en disputa debe ser resuelto teniendo en consideración el interés superior de los menores, estimando que el cambio que experimentarían de acogerse las acciones impetradas podría ocasionar perjuicio en su vida tanto a nivel individual como social.

Cuarto: Que para abordar derechamente el libelo en estudio es preciso considerar que, al tenor de lo que dispone el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, la casación en el fondo se concede para invalidar sentencias que se hayan pronunciado con infracción de ley que haya influido en lo dispositivo del fallo, esto es, que se verifiquen errores de derecho consistentes en una equivocada aplicación, interpretación o falta de aplicación de aquellas normas destinadas a decidir la cuestión controvertida. En la especie, de su estudio aparece que el núcleo argumental de la recurrente reside en la impugnación de las conclusiones determinadas por los jueces del grado, alegando que se configuran los presupuestos de la posesión notoria del estado civil de hijos de los menores respecto del demandado K. D. D., como el nombre, trato y fama por un período superior al de cinco años.

Quinto:

Que desde esta perspectiva resulta necesario analizar el recurso interpuesto para determinar si el mismo entrega las herramientas necesarias para la revisión de lo decidido en el sentido que se pretende, esto es, si contiene la denuncia de los yerros jurídicos cometidos en la resolución de la controversia; y en caso que los presupuestos fácticos estatuidos sean diversos a la línea de razonamiento del recurso, si ha proporcionado a este tribunal los elementos que permitan su modificación, por medio de la denuncia y demostración de infracciones a las leyes reguladoras de la prueba en la referida determinación, requisitos que deben cumplirse copulativamente, toda vez que al impugnar la calificación jurídica hecha por los jueces del fondo la parte demandada sostiene en apoyo de sus pretensiones hechos distintos a los establecidos en autos.

Sexto: Que así como las leyes reguladoras de la prueba son a un sistema de prueba tasada, la sana crítica lo es a un sistema de apreciación de la prueba por medio de la persuasión racional del juez. La doctrina y jurisprudencia dan cuenta de las diversas visiones sobre la procedencia de la revisión de la función jurisdiccional en torno a la ponderación de la prueba conforme a las leyes de la sana crítica. Por una parte están quienes entienden que ésta queda entregada exclusivamente a la ponderación de los jueces de la instancia y que la Corte de Casación no está llamada a revisar la formulación de los hechos de esta forma fijados. La opinión contraria, que reconoce competencia al Tribunal de Casación en este sentido, se sustenta en los parámetros objetivos en que descansa la aplicación de estas reglas, circunstancia que las hace perfectamente controlables mediante el recurso de casación, corrigiendo de esta forma, graves y objetivos errores en las determinaciones jurisdiccionales. (Ver Carlos López Díaz. Apreciación de la prueba por la sana crítica y procedencia del recurso de casación en el fondo en los procesos ante los tribunales de familia.

Gaceta Jurídica Año 2004, Diciembre, N° 294, página 22). En torno a la apreciación de la prueba conforme a las normas de la sana crítica se puede decir que los sistemas probatorios han evolucionado respondiendo al desarrollo cultural y la naturaleza de las materias, explorando la forma en que mejor se cumpla con la garantía del debido proceso, al obtener la debida y suficiente argumentación de las decisiones jurisdiccionales. Es así como, en un sentido general, se ha considerado que la actividad probatoria consiste en proporcionar al órgano jurisdiccional los antecedentes necesarios para establecer la existencia de un hecho, sea una acción u omisión. Las definiciones relativas al sujeto, objeto, medios y oportunidad en que debe ser proporcionada la prueba resultan determinantes a la hora de calificar el sistema, como también las etapas mismas de la actividad probatoria dentro del proceso, esto es, la ubicación del elemento de juicio; la proposición u ofrecimiento efectuado al tribunal; la aceptación que hace éste para que se incorpore al proceso, ordenando recibirlo; la producción o rendimiento del medio respectivo; su valoración individual como medio probatorio, tanto al verificar que las etapas anteriores se encuentran ajustadas a la ley, como a los aspectos sustantivos, evaluando su mérito o contribución en la búsqueda de la verdad; la ponderación de los elementos de juicio que constituyen un mismo tipo de medio probatorio; la misma ponderación comparativa de los diferentes medios, en conjunto; por último, la revisión que corresponde realizar de toda la actividad anterior por medio de los sistemas recursivos. Resalta en todo lo anterior la valoración individual y comparativa de los medios probatorios, labor que constituye su ponderación.

En una clasificación general de los sistemas se atiende en primer término a la reglamentación de los medios probatorios y se les califica de: a) Legal, cuando la ley los señala expresamente, variando si son números clausus o números apertus; b) Libre, al hacer el legislador una referencia general, sin mencionarlos expresamente o hacerlo a título referencial.

La regulación del valor probatorio enfrenta los sistemas de prueba: a) Legal o tasada, en que el legislador indica perentoriamente el valor de cada medio; b) Libre convicción, en que no se entregan parámetros rígidos de valor de los medios a los magistrados, los cuales expondrán los motivos por los cuales prefieren unos en desmedro de otros; c) Entregado a la conciencia del juzgador, en que se solicita que el medio probatorio produzca certeza en la esfera íntima del juez y éste exprese tales circunstancias; d) Sana crítica, se requiere que la persuasión que ocasiona el medio en el juez no se realice obedeciendo a cualquier fundamento, sino sobre la base de un análisis razonado que explicita el magistrado en su decisión, atendiendo a las leyes de la experiencia, la lógica y los conocimientos comúnmente afianzados. Respecto de la ponderación de los medios probatorios o evaluación comparativa de los mismos, se considera a los sistemas: a) Legal, cuando el legislador efectúa una regulación en la valoración comparativa de un mismo medio probatorio y de éste con los demás medios reunidos en el proceso, indicando la preeminencia o falta de valor en cada circunstancia; b) Intima convicción, cuando se entrega al magistrado realizar la ponderación comparativa para llegar a una decisión, exigiéndole solamente expresar las razones; c) Persuasión racional, la ley entrega al juez la competencia de asignar valor a los medios probatorios y preferirlos unos en desmedro de otros.

El legislador conjuga estas funciones relacionadas con la prueba, sin embargo, éste busca la fundamentación de los fallos y que esta argumentación sea congruente.

La sana crítica viene a constituir un sistema que pretende liberar al juez de disposiciones cerradas, puesto que no siempre el seguirlas es garantía de justicia en las determinaciones jurisdiccionales, reaccionando en contra de la aplicación objetiva de la ley, impulsando al magistrado a buscar con determinación la verdad dentro del conflicto.

La sana crítica está referida a la valoración y ponderación de la prueba, esto es, la actividad encaminada a determinar primero los aspectos que inciden en la decisión de considerar aisladamente los medios probatorios, para precisar su eficacia, pertinencia, fuerza, vinculación con el juicio y cuanto pueda producir fe en el juzgador respecto de su validez y su contribución al establecimiento de la verdad de los hechos controvertidos, esto es, el mérito que puede incidir en la convicción del sentenciador. Luego, en una valoración conjunta de los medios probatorios así determinados, extraer las conclusiones pertinentes en cuanto a los hechos y fijar la forma en que éstos sucedieron. En ambos escalones deberá tener presente el magistrado las leyes de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados en la comunidad en un momento determinado, por ello es que son variables en el tiempo y en el espacio, pero estables en el pensamiento humano y la razón. Este es el contenido de la sana crítica o su núcleo medular; son los aspectos que no pueden ser desatendidos. El legislador en nuestro país ha expresado en diversas normas los elementos anteriores al referirse a la sana crítica. Al respecto ha señalado directamente su contenido, describiendo los elementos que la componen y en otras ocasiones se ha limitado a efectuar una referencia al concepto.

La Ley N° 18.287, sobre procedimiento ante los juzgados de policía local, en su artículo 14 expresa: «El Juez apreciará la prueba y los antecedentes de la causa, de acuerdo con las reglas de la sana crítica», agregando a continuación: «Al apreciar la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica, el tribunal deberá expresar la razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas o técnicas en cuya virtud les asigne valor o las desestime.

En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas y antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador».

Por su parte el Código del Trabajo, en el artículo 456 señala: «El tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica».

Al hacerlo el tribunal deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud les designe valor o las desestime. En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador».

El Código Procesal Penal dispone en su artículo 297 : «Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo».

La Ley N°19.968, sobre procedimiento ante los Tribunales de Familia, en su artículo 32, estipula: «Valoración de la prueba. Los jueces apreciarán la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. En consecuencia, no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

La sentencia deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba rendida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones tenidas en cuenta para hacerlo.

La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos, de modo de contener el razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia».

En la Ley N° 18.101 sobre arrendamiento de predios urbanos, el artículo 8º indica: «Los juicios a que se refiere el artículo anterior se regirán por las reglas siguientes: 7) La prueba será apreciada conforme a las reglas de la sana crítica. La prueba testimonial no se podrá rendir ante un tribunal diverso de aquél que conoce de la causa».

Diversas otras disposiciones prescriben que la prueba se apreciará conforme a las reglas de la sana crítica, sin establecer parámetros para ello, por cuanto se atienen a las normas antes transcritas, en las cuales se ha desarrollado su contenido.

Efectúan esta referencia los artículos 50 B de la Ley N°19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores; 111 de la Ley N°19.039, sobre Propiedad Industrial; 22 del Decreto Ley N°211, sobre Libre Competencia; 425 del Código de Procedimiento Civil; 5° del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

En otras oportunidades el legislador hace aplicables tales disposiciones de manera indirecta, al ordenar que se rija el asunto por un procedimiento en que consultó esta regla, como ocurre con el artículo 33 de la Ley N°19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, que hace aplicable el procedimiento de los jueces de policía local; el artículo 1° de la Ley N°14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, que alude al procedimiento de los juzgados de familia.

Conforme a la enunciación que ha hecho nuestro legislador, se puede expresar: a) La sana crítica compone un sistema probatorio constituido por reglas que están destinadas a la apreciación de la prueba rendida en el proceso, dirigidas a ser observadas por los magistrados. b) Específicamente las reglas de la sana crítica imponen mayor responsabilidad a los jueces y, por lo mismo, una determinada forma en que deben ejercer sus funciones, que está referida a motivar o fundar sus decisiones de manera racional y razonada, exteriorizando las argumentaciones que le han provocado la convicción en el establecimiento de los hechos, tanto para admitir o desestimar los medios probatorios, precisar su validez a la luz del ordenamiento jurídico, como el mérito mismo que se desprende de ellos. c) La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento de todos los medios de prueba, explicitando aquellos mediante cuyo análisis se dieren por acreditados cada uno de los hechos, de modo de contener el razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia.

d) El análisis y ponderación de la prueba debe ser efectuado de manera integral, esto es, haciéndose cargo y examinando en la fundamentación destinada a la fijación de los hechos, de toda la prueba producida por las partes en el juicio, tanto en la que sustenta su convicción, como aquella que es descartada. Es más, bajo los principios de exclusión de la prueba en etapas anteriores a la sentencia, nada priva que el análisis se extienda a ellas, pero para el sólo efecto de dejar constancia de la trascendencia de aquella determinación. e) Los sentenciadores dejarán explicitadas en la sentencia las razones jurídicas, los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados en cuya virtud le asignan valor o desestiman las pruebas. f) Se agrega por el legislador la orientación que, en el ejercicio de la función reseñada, el sentenciador «deberá» tener especialmente en consideración, esto es, la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de la prueba rendida entre sí y de ésta con los demás antecedentes del proceso. g) La explicitación en la aplicación de las reglas de la sana crítica está dirigida al examen de las partes y ciudadanos en general, como el control que eventualmente pudieran llegar a efectuar los tribunales superiores mediante la aplicación del sistema recursivo que cada materia o procedimiento contemple, en que debe revelar y conducir lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador en la ponderación de la prueba. Resulta incuestionable el hecho que el legislador fijó su atención en dotar de garantías a las reglas de la sana crítica, con el objeto que fueran fácilmente observables. Pero, del mismo modo, el aspecto fundamental queda determinado en precisar en la sentencia «las razones jurídicas, los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados» en cuya virtud le asignan valor o desestiman las pruebas rendidas en el proceso.

Es el legislador el que se remite a tales parámetros, es él quien integra la ley con razones, principios, máximas y conocimientos. Por lo mismo su inobservancia, transgresión, equivocada aplicación o errónea interpretación puede dar o rigen a la interposición de los recursos que contempla la ley, puesto que cuando no se los cumple, no solamente se desobedecen sus determinaciones, sino que, además, se quebranta la ley, vulnerando las garantías que el legislador concede a las partes, con lo cual se contraviene el ordenamiento jurídico en general, ante lo cual el mismo legislador reacciona privando de fuerza y efectos a la determinación así alcanzada.

De esta manera, corresponde entrar a precisar el contenido de aquellos parámetros, con la finalidad de determinar su posible transgresión a los efectos de resolver el presente recurso de casación en el fondo, adoptando la decisión que resulte pertinente y adecuada. La sana crítica determina su contenido, además de las razones jurídicas pertinentes, por las reglas de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. La lógica pretende distinguir entre los razonamientos correctos de aquellos que no lo son, en cuyas proposiciones debe existir una vinculación racional, a las que se le denomina: implicación, equivalencia, consistencia e independencia.

La lógica formal origina las leyes: a) De la identidad, que pretende significar que si una proposición es verdadera, siempre será verdadera. La identidad de la persona o cosa es la misma que se supone; b) De la falta de contradicción, según la cual una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Dos juicios contrapuestos o contradictorios se neutralizan o destruyen entre sí. Dos juicios contradictorios no pueden ser simultáneamente válidos y que, por lo tanto, basta con reconocer la validez de uno de ellos para poder negar formalmente la del otro; c) De tercero excluido, en que una proposición no puede ser verdadera o falsa al mismo tiempo.

Dos juicios contradictorios no pueden ser simultáneamente falsos y que, basta con reconocer la falsedad de uno de ellos para poder afirmar formalmente la validez del otro. Se presenta en los casos en dónde un juicio de valor es verdadero y el otro es falso; y d) De la razón suficiente (para quienes no la consideran como parte integrante de la teoría de la demostración), cuya implicancia contempla que cualquier afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho tiene que estar fundada o probada, pues las cosas existen y son conocidas por una causa capaz de justificar su existencia.

Por su parte, la experiencia comprende las nociones de dominio común y que integran el acervo cognoscitivo de la sociedad, las que se aprende como verdades indiscutibles. Couture define las llamadas máximas de experiencia como «normas de valor general, independientes del caso específico, pero como se extraen de la observación de lo que generalmente ocurre en numerosos casos, son susceptibles de aplicación en todos los otros casos de la misma especie» (Fundamentos de Derecho Procesal Civil, página 192); Friedrich Stein expresa que éstas «son definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos» (El conocimiento Privado del Juez, página 27, citados por Joel González Castillo, Revista Chilena de Derecho, Vol. 33 N° 1, año 2006). Existen ciertos elementos comunes a las máximas de experiencia: «1°Son juicios, esto es, valoraciones que no están referidas a los hechos que son materia del proceso, sino que poseen un contenido general.

Tienen un valor propio e independiente, lo que permite darle a la valoración un carácter lógico; 2° Estos juicios tienen vida propia, se generan de hechos particulares y reiterativos, se nutren de la vida en sociedad, aflorando por el proceso inductivo del juez que los aplica; 3°No nacen ni fenecen con los hechos, sino que se prolongan más allá de los mismos, y van a tener validez para otros nuevos; 4° Son razones inductivas acreditadas en la regularidad o normalidad de la vida, y, por lo mismo, implican una regla susceptible de ser utilizada por el juez para un hecho similar; 5° Las máximas carecen de universalidad. Están restringidas al medio físico en que actúa el juez, puesto que ellas nacen de las relaciones de la vida y comprenden todo lo que el juez tenga como experiencia propia» (Joel González Castillo, Revista Chilena de Derecho, Vol. 33 N° 1, año 2006).

Los conocimientos científicamente afianzados son diversos, pero se ajustan a conclusiones que se adquieren aplicando el método científico, el cual se caracteriza por sus etapas de conocimiento, observación, planteamiento del problema, documentación, hipótesis, experimentación, demostración o refutación y conclusión: tesis o teoría. Los conocimientos científicos están asociados a las teorías y leyes de las diversas ciencias, las que se han construido mediante el método científico, el cual está caracterizado fundamentalmente por la demostración.

La jurisprudencia de la Corte Suprema ha tenido la oportunidad de resolver por medio del recurso de casación en el fondo la violación de las reglas de la sana crítica y al respecto se ha dicho:

«Que de lo razonado en los considerando quinto a noveno de esta sentencia aparece que los jueces del fondo, al apreciar la prueba, vulneraron las normas reguladoras establecidas en los artículos 455 y 456 del Código del Trabajo, toda vez que resulta contrario a la lógica formal, y en consecuencia a la sana crítica, sostener de una cosa lo que no es y, también, tener por verdaderos hechos deducidos a partir de hipótesis falsas, lo que se concretó al afirmar que un testigo dijo algo distinto a lo señalado en su declaración y al sostener que la absolvente no ha reconocido hechos que la perjudican, siendo evidente que sí lo hizo». (Corte Suprema, 4 de noviembre de 2008, causa rol N° 5129-08, considerando décimo).

Séptimo: Que en el caso de autos, apreciando la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, los jueces de la instancia han dado por establecidos los hechos referidos en el motivo segundo y han concluido que no han resultado acreditados los elementos de la posesión notoria del estado civil de hijo de los menores que se invocó en autos.

Octavo: Que, a la luz de lo expuesto, y efectuado el análisis que un recurso como el intentado demanda, aparece que las alegaciones vertidas por la recurrente no satisfacen el estándar propuesto en atención a que al pretender la alteración de los hechos determinados en la causa, denunciando la conculcación de las leyes reguladoras de la prueba llamadas a regir en la materia, no demuestra los yerros denunciados, pues omite señalar la forma en que se han desatendido las normas científicas, técnicas, simplemente lógicas o de la experiencia que la sana crítica ordena respetar, constituyendo más bien los argumentos que esgrime una discrepancia con el proceso valorativo de los medios de convicción y con las conclusiones que, como consecuencia de dicho ejercicio, han extraído los jueces del fondo, al no ser afines a la posición que ha detentado en el juicio.

Noveno:

Que la exposición de motivos detallada precedentemente, como se ha dicho, no resulta admisible, pues deja en evidencia que el propósito final de la recurrente es promover que se lleve a cabo por esta Corte una nueva valoración de las probanzas, distinta de la ya efectuada por los jueces del mérito, actividad que resulta extraña a los fines de la casación en el fondo en los términos propuestos.

Décimo: Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar, además, que la ley ha contemplado como elemento de prueba suficiente para acreditar la filiación en juicio la posesión notoria del estado de hijo, disponiendo al efecto el artículo 200 inciso 2° del Código Civil que «consiste en que el padre, madre o ambos le hayan tratado como hijo, proveyendo a su educación y establecimiento de un modo competente, y presentándolo en ese carácter a sus deudos y amigos; y que éstos y el vecindario de su domicilio, en general, le hayan reputado y reconocido como tal»; concepto del cual derivan los elementos básicos de dicho instituto, esto es, «nombre, trato y fama». Por su parte el inciso primero de la citada norma prescribe que la posesión notoria de la calidad de hijo debe haber durado a lo menos cinco años continuos y que los hechos que la constituyen deben probarse por un conjunto de testimonios y antecedentes o circunstancias fidedignas que la establezcan de un modo irrefragable.

Undécimo:

Que la procedencia del instituto de la posesión notoria del estado civil de hijo requiere del cumplimiento de los requisitos legales y su debida acreditación en el juicio en el que se reclama una supuesta paternidad, toda vez que la ley exige probar la posesión notoria con un «conjunto de testimonios, antecedentes o circunstancias fidedignos que la establezcan de un modo irrefragable». Tales exigencias plantean la interrogante acerca de la posibilidad que la posesión en cuestión sea justificada únicamente con el mérito de la prueba testimonial rendida, situación que debe responderse negativamente de acuerdo al tenor literal del artículo 200 del Código Civil, que expresamente alude a estos elementos, es decir, requiere más de una sola prueba y esto para salvaguardar la armonía y no vulnerar ni contrariar lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 198 del Código del ramo, que prescribe la insuficiencia de la prueba testimonial por sí sola para establecer la paternidad o maternidad disputada.

Duodécimo: Que en el caso sub-lite la posesión notoria del estado civil de los menores ha pretendido ser demostrada sobre la base de la prueba testimonial rendida, sin que existan otros antecedentes que con su mérito aporten elementos que permitan tener por configurado dicho medio probatorio y, por ende, la filiación que se pretende, desconociendo la prohibición que en este senti do establece la ley en el citado artículo 198 del Código Civil. En efecto, el resto de la prueba rendida consistente en certificados de nacimientos, declaraciones juradas y fotografías, no aportan en este sentido a la configuración de tal posesión, pues no dan cuenta de los presupuestos fácticos de ese instituto aludidos en el inciso segundo del artículo 200 del Código Civil.

Décimo tercero:

Que en lo concerniente a las alegaciones también formuladas por la recurrente, en orden a que no se ha respetado la supremacía que la ley otorga a la posesión notoria respecto de las pericias biológicas, cabe señalar que ellas carecen de todo sustento desde que los sentenciadores no han tenido por configurado dicho instituto, de modo que no es posible asignarle ninguna superioridad a un elemento cuya existencia no ha sido establecida.

Décimo Cuarto: Que, conforme a lo razonado, el recurso de casación interpuesto debe desestimarse.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 765 , 767 , 769 y 783 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza, sin costas, el recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandante a fojas 23 contra la sentencia de seis de septiembre de dos mil once, escrita a fojas 21.

Redacción a cargo del Ministro señor Patricio Valdés Aldunate.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

N° 9.607-11.

Pronunciado por la Sala de Verano integrada por los Ministros Sres. Sergio Muñoz G., Patricio Valdés A., Héctor Carreño S., Guillermo Silva G. y Sra. María Eugenia Sandoval G. No firma el Ministro Sr. Muñoz no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios.

Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.

En Santiago, a veintinueve de febrero de dos mil doce, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.