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Juzgado del Trabajo desechó denuncia de tutela de derechos fundamentales de inspectora general de colegio que fue cesada en funciones por pérdida de confianza

15 de abril de 2022

Sentencia determinó que relación se regía por el estatuto docente y desecho acción de tutela, cobro de prestaciones y declaración de continuidad laboral

En días recientes, el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo rechazó una denuncia por tutela de derechos fundamentales con ocasión del despido, cobro de indemnizaciones, de prestaciones, indemnización por daño moral y declaración de continuidad laboral realizada por una funcionaria de un colegio, quien prestaba labores de inspectora general, regida por el estatuto Docente, al poner fin a su contrato. El fallo tuvo como antecedentes acreditados que inicialmente, se cesó en funciones a la denunciante «por término del período por el cual efectuó el contrato»; y ante este decreto, la actora requirió la intervención de la Contraloría General de la República, solicitando su reintegro por operar el principio de confianza legítima sobre su contratación. En reacción a este requerimiento, el municipio demandado procedió a rectificar el acto administrativo de contratación de la denunciante en que se estableció su contrato a plazo fijo, agregando a ello la circunstancia de conformidad al artículo 34 c) de la Ley N° 19.070 dicho cargo estaba sujeto a la confianza del director del establecimiento educacional.
«Con los antecedentes reseñados precedentemente, se refuerza la tesis de la demandada, quien refiere que existió un error formal en el Decreto Alcaldicio de nombramiento de la actora, el que como ya se señaló precedentemente fue objeto de rectificación, puesto que el marco regulatorio del cargo que desempeñaba la misma, impedía que se le fijara un plazo de término, en atención a que éste queda sujeto a la confianza del Director del Establecimiento y en esos términos fue corregido. Dicho error, derivó en que se dispusiera el cese de las funciones de la actora en 29 de diciembre de 2020, por la causal de término del período por el cual se efectuó el contrato que contempla el artículo 72 letra d) del Estatuto Docente, empero tal cese no surtió efecto por cuanto en los hechos la demandante siguió vinculada a la demandada hasta marzo de 2021, percibiendo la remuneración por los servicios prestados…
la actora debía saber que su cargo era de exclusiva confianza y que podía ser terminado conforme al artículo 34 C del Estatuto Docente, no tan solo por la presunción de conocimiento de la Ley que establece el artículo 8 del Código Civil, sino también porque había servido en más de una oportunidad cargos de idéntica naturaleza, habiendo sido desvinculada anteriormente conforme a dicha normativa «
Y de acuerdo a lo razonado, a juicio de esta sentenciadora los antecedentes referidos resultan suficientes para concluir que lo dispuesto en la misiva de fecha 29 de Diciembre de 2020, constituye un error administrativo formal, que la denunciada subsanó con el Decreto Alcaldicio N° 02/516/2021 de la Ilustre Municipalidad de Huechuraba de fecha 26 de Marzo de 2021, no pudiendo la denunciante desconocer esa circunstancia». Con posterioridad a esto, el tribunal determino que no existían indicios para acoger la tutela de derechos fundamentales. Consulte sentencia analizada por Microjuris.

YAÑEZ C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA

Tribunal: Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ312505
Compendia: Administrativo, Municipalidades, Laboral
VOCES: – MUNICIPALIDADES – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – INDICIOS – ACOSO LABORAL – DOCENTES – ESTATUTO DOCENTE – PÉRDIDA DE CONFIANZA – DESPIDO – RECHAZO DE LA DEMANDA –

A pesar de la relativa estabilidad en los nombramientos de la denunciante, no se puede soslayar que en la especie, la denunciante ha cesado en sus funciones por haber perdido la confianza de la Directora del Establecimiento Centro Educacional, en los términos que prevé especialmente el artículo 34 C del Estatuto Docente, no resultando oponible la confianza legítima que pretende la denunciante.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar la demanda de tutela laboral y de despido injustificado interpuesta por la trabajadora pues a pesar de la relativa estabilidad en los nombramientos de la denunciante desde el año 2013 hasta el año 2021, no se puede soslayar que en este caso, la denunciante ha cesado en sus funciones por haber perdido la confianza de la Directora del Establecimiento Centro Educacional en los términos que prevé especialmente el artículo 34 C del Estatuto Docente, no resultando oponible la confianza legítima que pretende la denunciante. Además, la demandante no logró aportar indicios suficientes de las vulneraciones alegadas, las que además has sido formuladas en términos genéricos, sin mayor precisión, lo que ha abundado en la ausencia de antecedentes que den cuenta de ello.

2.- El principio de confianza legítima no resulta procedente tratándose de cargos de exclusiva confianza, de manera que el recurrente tenía derecho a mantenerse en el cargo sólo mientras contara con la confianza del Director del Colegio, y una vez que esta desapareció, para el sostenedor surgió el derecho de opción previsto en el artículo 34 C del Estatuto Docente. Ese derecho de opción, comprende la reubicación que la denunciante invoca como último indicio. Sin embargo, éste no resulta suficiente, porque es una facultad discrecional del sostenedor que le ha sido reconocida legalmente, sin que se le pueda exigir que ésta se haga efectiva, con más razón cuando ya ha manifestado su derecho de optar por el cese de las funciones de la denunciante.

3.- La denunciante no logró acreditar la existencia de una relación laboral con la denunciada, sino que quedó asentado que al momento de la terminación de sus servicios, se desempeñaba en calidad de contrata en el cargo de Inspectora de un establecimiento del sector municipal, el que según el artículo 34C del Estatuto Docente, constituye un cargo de confianza del Director del establecimiento educacional.

4.- La denunciante se encontraba sujeta a un estatuto especial el que además, contempla reglas para la terminación de los servicios, particularmente en el artículo 34C, que establece las causal de pérdida de confianza para aquellos cargos de la misma naturaleza que el de la denunciante, regulando las consecuencias indemnizatorias de la misma. Por lo que, en atención a que la acción de despido injustificado del artículo 168 y la acción de nulidad del despido que contempla el artículo 162 , ambos del Código del Trabajo, tienen como presupuesto esencial la existencia de una relación laboral para su procedencia, la que como ya se dijo no se verifica en este caso, no resultando aplicable además de forma residual lo dispuesto en el artículo 1 inciso segundo y tercero del mismo cuerpo normativo por encontrarse regulada la terminación de sus servicios en el artículo 34 C del Estatuto Docente, resulta forzoso concluir que la acción de despido injustificado y de nulidad del despido intentadas resultan improcedentes.

5.- El término de sus servicios se produjo en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 C del Estatuto Docente, el cual regula pormenorizadamente las indemnizaciones procedentes en el evento de invocarse esta causal, para el cese de las funciones de los profesionales de educación de exclusiva confianza del director. Al respecto, la denunciante no accionó por el cobro de las indemnizaciones que regula el artículo 34 C del Estatuto Docente, lo que impide que el tribunal se pronuncie al respecto, puesto que de lo contrario se incurriría en vicio de ultrapetita.

Consulte el fallo a texto completo a continuación