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Corte Suprema rechazó recurso de casación interpuesto por proveedora de sistemas de control de tránsito contra municipio por aplicación de multas ante incumplimiento contractual

15 de abril de 2022

Recurrente se había obligado a cubrir gastos de mantención por hechos vandálicos y ante su negativa, municipalidad cursó multas de acuerdo bases administrativas

En días recientes la Tercera Sala de la Corte Suprema desechó un recurso de casación en el fondo interpuesto por una empresa en contra de la sentencia que desechó una reclamación de ilegalidad fundada en la aplicación de multas de parte de un municipio, en virtud de no haber cumplido la primera con las bases técnicas de una contrato público de sistema de información, monitoreo y otros del sistema de control de tránsito. En lo que respecta al caso de marras, la recurrente se obligó en el contrato administrativo a cubrir «todos los gastos que sean necesarios (obra de mano, repuestos, etc.) para efectuar la mantención derivada de accidentes o actos vandálicos de cualquier naturaleza, incluyendo los casos fortuitos o fuerza mayor, de todos los dispositivos de control de tránsito, son de cargo del contratista y se deben reflejar en el costo de cada elemento del Servicio de Mantención ofertado en el formulario N° 5 de las Bases Administrativas». además, se estipulaba: «Sin perjuicio de lo anterior, en fechas o situaciones especiales y por seguridad, la Dirección de Tránsito podrá solicitar al contratista, a su costo, desmontar y montar las lámparas de los semáforos de algunas intersecciones en forma preventiva, para esto, el ITS fijará la hora y día en que se debe proceder a desmontar y montar estos cabezales, lo que debe ser acatado de inmediato por el contratista, no aceptándose ningún tipo de excusa para obviar o dilatar su ejecución, su no cumplimiento será sancionado con la multa, en la forma señalada o estipulado en las Bases Administrativas».
De acuerdo a lo que recoge el fallo, en noviembre de 2019, la recurrente informó al municipio, la existencia de actos vandálicos en 16 intersecciones de la comuna, en el contexto de las manifestaciones sociales de público conocimiento, cuyo costo de reparación ascendía a 1.822,22 Unidades de Fomento. «Con posterioridad, a través de comunicación escrita de 12 de marzo de 2020, la concesionaria informó al Alcalde que no se haría cargo de los costos de reparación de los elementos dañados.
Atendida aquella negativa, se hizo constar en las páginas 27 y 28 del Libro de Servicios la imposición de 16 multas por 30 Unidades de Fomento cada una, arrojando un total de 480 Unidades de Fomento
Siguiendo el procedimiento previsto en el contrato y sus antecedentes complementarios, la empresa dedujo una primera apelación ante la Unidad Técnica del Contrato, impugnación rechazada por el Director de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad», y contra de esta decisión, la empresa interpuso un segundo recurso de apelación, esta vez para ser resuelto por la Administradora Municipal, «autoridad que acogió parcialmente la impugnación, sólo en cuanto redujo de 16 a 9 la cantidad de multas impuestas en contra de la concesionaria, mantuvo la cuantía unitaria en 30 Unidades de Fomento, sumando un total de 270 Unidades de Fomento. Finalmente, el 28 de junio de 2020, el Alcalde dictó el segundo acto reclamado, consistente en el Decreto Nº 824, que aplicó las 9 multas antes señaladas». Posteriormente, la empresa dedujo recurso de reclamación la que fue desestimada por la Corte de Apelaciones, respectiva, la que desestimó la reclamación.
Por lo anterior, la empresa dedujo recurso de casación en la forma y el fondo contra esta última resolución, los que fueron rechazados, conozca el detalle en la sentencia analizada por Microjuris a continuación:

AUTOMÁTICA Y REGULACIÓN S.A. C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ312485
Compendia: Administrativo, Municipalidades, Microjuris
VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – DECRETO ALCALDICIO – SERVICIOS PÚBLICOS – MULTA – PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS – BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN – TRÁNSITO VEHICULAR – INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – LICITACIÓN PÚBLICA – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO –

La Municipalidad no ejerce el poder sancionatorio del Estado al imponer una multa establecida en un contrato de concesión, y no ejerce tampoco facultades jurisdiccionales. El procedimiento de aplicación abreviado de multas del contrato se justifica porque el servicio provisto en el mismo satisface una necesidad pública imperiosa.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo, confirmando la sentencia que desechó el reclamo de ilegalidad interpuesto contra las multas implementadas por la Municipalidad contra la concesionaria recurrente. Esto, pues no es correcto postular que se haya impuesto a la concesionaria una obligación no prevista en el contrato, por cuanto ella voluntariamente asumió hacerse cargo de la operatividad de la infraestructura del sistema de control de tránsito ante «accidentes o actos vandálicos», siendo impertinente que pretenda eximirse bajo pretexto de no haber ejercido la Municipalidad la facultad para ordenar el retiro preventivo de los aparatos en fechas o situaciones especiales, al tratarse de una mera posibilidad que, en cualquier caso, no descarta el acaecimiento de daños por actos vandálicos como aquellos que se comprometió a reparar la reclamante.
2.- El procedimiento especial de aplicación de multas normado en las Bases de Licitación, así como los lineamientos generales contenidos en el Reglamento antes citado, tornan improcedente acudir directamente a las directrices especiales contenidas en la Ley Nº 19.880. Esto, pues su artículo 1 indica expresamente que ella ha de aplicarse de manera supletoria a los procedimientos administrativos especiales.
3.- No es posible sostener que a la sanción no preceda un procedimiento administrativo previo, por cuanto la afectación patrimonial del contratista surge con motivo de la aplicación de la multa, etapa que, como se dijo, contempla dos instancias anteriores de oposición administrativa a disposición del agraviado. Si bien es cierto que aquella sucesión de etapas no responde a la clásica concatenación entre fiscalización, formulación de cargos, descargos, vista fiscal, aprobación, reclamación y resolución final, no puede olvidarse que se está en presencia de un contrato que busca satisfacer una necesidad pública imperiosa, que se relaciona directamente con la seguridad de la vida y la integridad física de los transeúntes de la comuna, objetivo que amerita la reducción de los actos procesales al mínimo, asegurando, en cualquier caso, el derecho del contratista a desplegar una defensa técnica adecuada.
4.- Las sanciones contempladas en los contratos administrativos no emanan del poder sancionatorio del Estado, pues su ejercicio no proviene de potestades públicas, sino que su naturaleza es contractual, esto es, dichas sanciones constituyen verdaderas cláusulas penales. Asimismo, no resulta correcto afirmar que la Municipalidad haya ejercido facultades jurisdiccionales, por cuanto la reclamada se ha limitado a ejercer una potestad contractual especial justificada en la naturaleza de la convención y el fin público que se busca satisfacer, que corresponde a la seguridad del tránsito vial y peatonal en la comuna.

Consulte sentencia a texto completo