El proyecto crea la figura de las y los inspectores de seguridad del municipio.
Crea la nueva cartera con el objeto de mejorar el control institucional de las policías.
Establece las normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las fuerzas de orden y seguridad pública, y de las fuerzas armadas e incluyeron la competencia de la justicia militar.
Sanciona la asociación terrorista, establece delitos específicos y penas acordes al grado de implicación en la organización, se contempla el delito terrorista individual conexo e inconexo (lobo solitario); facultades investigativas especiales y cambio de jurisdicción en casos de alta complejidad, entre otras medidas.
La pena será de presidio menor en su grado mínimo.
Busca establecer con mejor precisión criterios y principios orientadores para la determinación de la prisión preventiva, en especial en lo referido al peligro para la sociedad en función a la gravedad del hecho punible.
El proyecto busca estandarizar el rol de las empresas de seguridad privada, fortalecer el área donde se desempeñan más de 260 mil guardias, así como permitir su especialización y profesionalización.
La Corporación aprobó las modificaciones del Senado que pasaron por suprimir dos normas de la iniciativa despachada en el primer trámite. La primera de ellas introducía una nueva falta en el Código Penal.
Modifica el Código Aeronáutico y la ley Migración y Extranjería para hacer exigible, por las policías y el Ministerio Público, el listado de pasajeros en el transporte aéreo nacional.
Modifica diversos cuerpos legales para aumentar las sanciones y penas en contra de quienes cometan el delito de contrabando y otras acciones relacionadas.
Modifica el Código Penal para sancionar con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio a quien tuviese en su poder cualquier medio telefónico o parte de ellos sin estar autorizado.
La ley busca fortalecer la seguridad pública. Esto a través del cumplimiento del plan de reforzamiento de la policía uniformada comprometido el Gobierno.
Por unanimidad, la Comisión de Constitución aprobó en general el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales. El objetivo es incluir en el delito de contrabando el ingreso o extracción de dinero del territorio nacional.
Modifica el Código Penal, para tipificar el delito de tenencia de elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior.
Se establece una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio (desde 61 días a 3 años y un día), para quien, encontrándose privado de libertad en un establecimiento penitenciario, tenga en su poder celulares, parte de ellos, chips o aparatos de telecomunicación.
Se aumentan las sanciones y penas por contrabando de dinero, que actualmente sólo es considerada una infracción administrativa.
Establece plazos para que la víctima solicite a la comisión de libertad condicional ser escuchada y acompañar antecedentes si los tuviera.
Busca dar mayor certeza jurídica y claridad respecto a los procedimientos en esta materia y sus efectos
Tiene por objeto disminuir la actividad delictiva de las organizaciones criminales que operan en Chile, a través de la acción planificada y coordinada de las distintas instituciones del Estado que colaboran en su prevención, control y persecución.
El proyecto que modifica la ley de tránsito se enmarca entre los proyectos priorizados de la Agenda de Seguridad.
Tipifica la tenencia de teléfonos celulares o elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior de los recintos penitenciarios.
Con fecha 24 de mayo se publicó el Decreto N° 139, en la edición N° 43.486-B del Diario Oficial de fecha 24 de mayo, que Modifica decreto Nº 78, de 2023, y prorroga su vigencia.
Busca mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.
La iniciativa, devuelta a comisiones por ser objeto de indicaciones, define alcances más precisos para que los tribunales dicten esta medida en casos del uso de armas de fuego y respecto de la pertenencia a una organización criminal, entendiéndose con estas características que el imputado es un peligro para la seguridad pública.
Amplía de 48 horas a 5 días corridos el lapzo para realizar la expulsión de un extranjero irregular en el país. Con fecha 3 de mayo de 2023 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.568 que «Modifica la Carta Fundamental en materia de regulación migratoria». La ley modifica la letra c) del